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Por
Luis Sagarra
A partir
del 20 de junio de 2008 los más de 8 millones
de inmigrantes que viven en situación irregular
en alguno de los 27 países miembros de la
Unión Europea, podrán pasar hasta 18
meses retenidos en centros de internamiento, mientras
se tramita su expulsión a sus países
de origen. Además, podrán ser detenidos
con una mera orden administrativa (ya no es necesaria
la orden del juez) y una vez expulsados no podrán
volver a ningún país de la UE en cinco
años. |
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Los
menores de 18 años que no estén acompañados
por sus padres, también podrán ser repatriados
y reagrupados en sus lugares de origen con tutores que
no sean familiares directos o incluso entregados a instituciones
de su país.
Después
de casi tres años de debate, el Parlamento Europeo
decidió ayer aprobar en Estrasburgo la polémica
directiva de retorno de los inmigrantes, como primer paso
para lograr una política de inmigración común.
Una
normativa que, a todas luces, vulnera los derechos humanos
de los inmigrantes y facilita que los gobiernos encierren
a más inmigrantes, tratándolos como a criminales.
Unimos
nuestra voz a la de muchos otros calificando la medida
como un atropello, una barbaridad y una vergüenza
para los europeos ya que la medida busca criminalizar la
migración.
¿Qué habría
pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva
con los españoles, italianos y alemanes que salieron
de su país? Unos forzosamente y otros en busca de “hacer
las Américas”. ¿Qué habría
pasado si E.U. hubiera metido a la cárcel a todos
los europeos que llegaron a sus costas?
La
norma supone un endurecimiento de los criterios de repatriación.
En la actualidad, España tiene un límite
de 40 días para el envío del inmigrante a
su país.
En
la votación en Europa, el texto recibió 367
votos en favor, 206 en contra y 109 abstenciones.
En
los próximos días cada país y respectivo
gobierno, miembro de la unión europea puede aceptar
dócilmente la ley u oponerse a ella; veremos si
queda algo de vergüenza en alguno de ellos.
La
decisión europea provocó de inmediato el
rechazo de líderes y organizaciones de América
Latina. Algunos países latinoamericanos han señalado
fechas para reunirse y tomar acciones conjuntas contra
esta medida que van desde declaraciones de rechazo y condena
a la ley, hasta la expulsión de empresas europeas
de los países latinoamericanos en cuanto se empiecen
a dar las primeras detenciones de inmigrantes latinoamericanos
en Europa, tratándolos como a criminales.
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